Pedro Téllez-Girón, príncipe de Anglona (8)

Templete de la Alameda de Osuna

En este artículo vamos a intentar acercarnos un poco al periodo histórico conocido como Sexenio Absolutista (1814­-1820), una parte del reinado de Fernando VII de la que existe muy poca documentación dado el tipo de gobierno que el rey puso en práctica, a la manera de un dictador moderno. No se conserva el diario de sesiones de las Cortes porque fueron disueltas por decreto de 4 de mayo de 1814; tampoco disponemos de ejemplares de periódicos ya que la prensa libre, tan floreciente en el Cádiz constitucional, fue suprimida, también por decreto, durante el verano de 1815; por último, y según se lee en la página 557 del volumen XXXII de la Historia de España de Menéndez Pidal, los Consejos no llegaron siquiera al papel meramente consultivo, por lo que su documentación es de escaso volumen e interés en comparación con otras épocas, algo que también ocurre con los Ministerios. Según todos los autores consultados, durante el Sexenio existió de manera oficiosa un Consejo, llamado la “camarilla” e integrado por oscuros personajes, que sí influía en la voluntad del rey pero, como parece lógico, no ha quedado constancia documental de sus reuniones. A la luz de las investigaciones, el rey Fernando VII, llamado “el deseado” por lo mucho que la mayoría de la población deseaba su llegada, aparece no sólo como un mal gobernante —culpable en gran parte de la formación de dos Españas antagónicas—, sino también como una persona con mal fondo, rencorosa y vengativa. La persecución a la que sometió a Manuel Godoy (1767-1851), quizá el hombre más envidiado y calumniado del país durante aquellos años, es una clara muestra de ello. En 1815, cuando los reyes padres y Godoy llevaban ocho años exiliados, Fernando, celoso del cariño que María Luisa de Parma y Carlos IV sentían por el pacense —quizá veían en él el hijo fuerte, dinámico, generoso e inteligente que no habían tenido—, encontró al fin la manera de alejarlo de ellos. Y lo hizo comprando la voluntad de su padre con la firma el 15 de febrero de lo que Emilio La Parra en Manuel Godoy. La aventura del poder (pág. 437) llama el “tratado de alimentos”: Carlos IV, ya anciano, ratificaba su renuncia al trono y se comprometía a no volver a España a cambio de una pensión anual de doce millones de reales y del pago de una deuda de seis millones que arrastraba la casa del rey padre, que en el exilio francés había contado con más de doscientos sirvientes. A partir de entonces, y sabiendo lo mal que quería su hijo a Godoy, procuró no volver a relacionarse con el extremeño para no enfadar al hijo y hacer peligrar unos ingresos que le aseguraban el tren de vida al que estaba acostumbrado. La obsesiva persecución que sufrió Godoy por parte de Fernando VII llevó a Metternich, uno de los políticos más influyentes de Europa, a declarar que no entendía cómo el rey de España ponía tanto interés en un asunto secundario y descuidaba otros tan importantes como la emancipación de las colonias americanas, un proceso de graves consecuencias políticas y económicas que se había desencadenado y ya sería imparable.

            Toda esta parrafada en apariencia ajena a Anglona tiene su sentido. El 15 de septiembre de 1814 el Consejo Real había despachado una cédula en la que, literalmente, se ordenaba que los

“Señores jurisdiccionales sean integrados inmediatamente en la percepción de todas las rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego, y en la de todas las demás que hubiesen dispuesto antes del 6 de agosto de 1811”, 

fecha en la que se había decretado la abolición de esos derechos. Ese decreto había sido precedido por otro, firmado por Napoleón en Burgos el 12 de noviembre de 1808, por el que se declaraban enemigos de Francia y España a diez personas de gran relieve social que habían violado el juramento de fidelidad a su hermano José, entre los que estaba el duque de Osuna. El decreto contemplaba la confiscación de sus bienes y la pena de muerte. A la vista de estas disposiciones podemos imaginar el alivio que supuso para los Téllez-Girón la finalización de la guerra. Acabada esta, la condesa duquesa de Benavente y el hermano mayor de Anglona, duque de Osuna desde 1807, demostraban su preocupación por la buena marcha de las finanzas ducales y por la buena nutrición del monarca invitándolo a comer a la Alameda de Osuna, donde —según consta en el legajo 16 nº 52 de la sección Documentos del archivo de Rodríguez Marín del Archivo Municipal de Osuna (en adelante A.M.O.), exactamente en los documentos referenciados con los números 375-8, 511-7 y 511-9—, compartieron mantel los días 6 y 12 del mes de julio inmediatamente anterior al despacho de la cédula citada, como también lo harían en 1816 y 1817. Por tradición heredada de su padre, el X duque de Osuna pertenecía a la facción contraria a Manuel Godoy, de la cual su padre había sido cabeza visible tras la firma en 1794 de un tratado de alianza con la joven República Francesa, “partido” llamado indistintamente “inglés” o “italiano” por haber sido fomentado desde Londres y Roma, circunstancia, esa toma de postura, que contribuía al buen entendimiento entre el titular de la Casa de Osuna y el Rey.

La restitución oficial de las propiedades de la familia tuvo que contribuir a la recuperación de una posición económica puesta en entredicho durante los años de ocupación francesa, en el transcurso de los cuales algunas fincas, como la Alameda de Osuna —tan querida por la madre de Anglona—, sufrieron desperfectos y robos, sobre todo en sus bienes muebles. De hecho, años después, los empleados cualificados de María Josefa aún batallaban por recuperar objetos artísticos que se había llevado el ejército francés, como podemos leer en el legajo ya citado de Documentos del archivo de Rodríguez Marín del A.M.O., exactamente en las unidades documentales referenciadas como 540-13 y 540-14, cuyos resúmenes respectivos rezan como sigue:

“12 cartas de Ángel Mª Tadey, a la condesa duquesa de Benavente, sobre los destrozos cometidos en la Alameda por los franceses, objetos que desparecieron y que se iban recuperando” 

y

“Varias cartas de Dionisio Trisios, abogado, sobre reclamaciones hechas para conseguir la devolución de los objetos robados”. 

(Continuará).