(El Estamento de Próceres en su sesión inaugural; 1834)
Como ya dijimos
en la entrega número 28, Anglona había sido nombrado Capitán General
de Granada en noviembre de 1833. Unos meses después, el 6 de abril de 1834,
justo antes de la promulgación del polémico y desestabilizador Estatuto Real —una
constitución parcial otorgada por la monarquía que no satisfizo a nadie—,
recibe un nombramiento de mayor responsabilidad aún: Capitán General de
Andalucía. Este nuevo destino pondrá a prueba una vez más su capacidad de
supervivencia. Corrían tiempos poco favorables al orden público. El país se
encontraba inmerso ya en la guerra civil conocida como Primera Guerra Carlista
y él, partidario declarado de la causa llamada cristina o isabelina, según se
aludiese a la reina regente o a la reina niña, se encontraba en un puesto desde
el que debía contribuir al sostenimiento del orden. Los doce años pasados desde
el final del Trienio Liberal habían entibiado sus tendencias liberales y
proconstitucionales y, aun siendo partidario de la apertura política, era
consciente de sus responsabilidades y de la obligación de defender la legalidad
vigente a la que le obligaba su puesto. En palabras de Germán Rueda Herranz,
“… la oposición
progresista, que solicitaba la vuelta a la Constitución de 1812,
se había lanzado de nuevo a la acción revolucionaria, que en esta ocasión
corrió a cargo de la milicia urbana. Barcelona, Zaragoza, Málaga, Cádiz y otras
ciudades generaron un movimiento que condujo a la constitución, en buena parte
del país, de juntas locales o territoriales que asumieron el gobierno
«revolucionario» de las respectivas zonas en el verano de 1835, previa
sustitución de autoridades”.
(Historia de España. Historia política
(1808-1874), Madrid, 2004, p. 191).
Así las cosas, a comienzos de septiembre de 1835, falto de tropa que
siguiese sus órdenes debido a la necesidad de soldados que tenía la guerra, y a
merced de la indisciplinada milicia urbana, tendrá que salir disfrazado de la
ciudad hispalense para salvar la vida. Este es uno de los momentos de su vida
en los que corrió mayor peligro y uno de tantos que la hacen atractiva y digna
de ser novelada. El 11 de abril del mismo año, adivinando quizá lo que se le
venía encima, había cursado a los máximos dirigentes civiles de su jurisdicción
una orden escrita cuya referencia hemos localizado en la web del Patrimonio
Bibliográfico Español. En dicha página sólo aparece el comienzo del documento,
que dice así:
“A los señores gobernadores civiles de las provincias que componen este
distrito digo hoy lo siguiente: las circunstancias extraordinarias en que se
halla por desgracia la nación han sido causa de que al tiempo de promulgarse la
ley de organización de la milicia urbana use el gobierno de la facultad que le
concede el articulo provisional de la misma para que esta institución
esencialmente civil, quede por ahora sujeta al Ministerio de la Guerra ”.
El documento alude al Reglamento de la Milicia Urbana publicado en
marzo de 1835 y del cual aparece un extracto en el libro de Irene Castells y
Antonio Moliner titulado Crisis del
Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845), (Barcelona,
2000, pp. 140-141).
De vuelta a Madrid, presentó su dimisión del cargo, que le fue aceptada
oficialmente en el mismo mes de septiembre, y, libre por el momento de destinos
que le alejasen de la corte, pudo ocupar el asiento que le correspondía en el
Estamento de Próceres del Reino, cámara alta creada en el Estatuto Real ya
mencionado y que no recibirá el nombre de Senado hasta la aprobación de la Constitución de 1837.
En esta primera versión del Senado tenían derecho a ocupar asiento los
Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Títulos de Castilla y otros componentes
de las clases privilegiadas que cumplieran todos los requisitos especificados
en los artículos comprendidos en el título II del Estatuto Real. Anglona los
cumplía y pudo hacer uso de su derecho a formar parte de aquella asamblea, de
la que también formaban parte su sobrino el XI duque de Osuna y el general
Castaños, a cuyas órdenes había combatido casi treinta años antes en la Batalla de Bailén. Como
era de esperar de su disposición y carácter, tomó parte activa en la
celebración de las sesiones. Sus menciones en el Diario de Sesiones de la
Cortes son continuas. En la sesión celebrada el jueves 12
de noviembre de 1835, a
poco de tomar posesión efectiva de su escaño, fue elegido presidente de la Comisión de
reconocimiento de títulos y documentos.
(Continuará).
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